Reclamación seguro comunidad propietarios: cómo tramitar un siniestro

1. Comunicación inmediata: Ante un siniestro (incendio, fuga de agua, etc.), lo primero es informar al seguro cuanto antes. Normalmente la póliza fija un plazo (usualmente 7 días desde que se conoce el siniestro) para notificarlo, así que no hay que demorar. Se suele llamar por teléfono al número de asistencia de la aseguradora o al agente de seguros con el que se contrató, facilitando los datos básicos: número de póliza o identificación de la comunidad, fecha y hora del incidente, descripción breve de lo ocurrido y de los daños observados. Muchas aseguradoras permiten también notificar por su aplicación móvil o web. La comunicación inicial suele generar un número de expediente o de siniestro; es importante anotarlo.
2. Medidas de urgencia: Si el siniestro requiere acciones inmediatas para evitar que empeore, hay que tomarlas. Por ejemplo, si hay una fuga de agua, cortar la llave de paso; si se rompió una ventana y entra lluvia, tapar provisionalmente. Estas medidas de mitigación son deber del asegurado (la comunidad) para no agravar los daños. Muchas pólizas incluso cubren los gastos razonables de esas primeras medidas de salvamento.
3. Datos y circunstancias: Al dar el parte, conviene relatar claramente qué sucedió y qué daños se han detectado. Por ejemplo: “Se rompió una tubería comunitaria en el piso 4º, produciendo una inundación que ha afectado la caja de escalera y ha entrado agua en el piso 3ºB”. Es importante no admitir culpabilidades ni dar opiniones inciertas; solo hechos objetivos. Tampoco hay que exagerar ni omitir: describir lo que se ve.
4. Visita del perito: La aseguradora, tras la notificación, asignará un perito (un tasador de siniestros) para que evalúe los daños. Este profesional contactará con la comunidad (normalmente a través del administrador o del presidente) para concertar una cita. Hay que facilitarle el acceso a todas las zonas dañadas, incluso a pisos privados afectados si es posible (de común acuerdo con esos propietarios). Conviene que esté presente alguien que pueda explicarle lo ocurrido y enseñarle todo (el administrador, conserje o presidente). Si se han hecho reparaciones de urgencia, mostrar las partes dañadas substituidas, facturas, etc. El perito tomará fotografías y notas.
5. Recopilar documentación: Mientras llega la peritación, la comunidad puede ir recopilando documentos útiles: el propio contrato de seguro (para verificar coberturas), facturas de mantenimiento si aplican (por ejemplo, de la caldera revisada, para mostrar que estaba al día si explotó), presupuestos de reparación de empresas si ya los tiene (p. ej. un presupuesto de pintor para repintar tras la fuga). Si hay terceros afectados (ej. vecinos con daños en sus pisos), obtener listados de sus desperfectos, incluso fotos o escritos de reclamación de ellos. Todo esto se entrega o muestra al perito.
6. Tramitación interna: Tras la visita, el perito emitirá un informe al seguro con sus conclusiones: causa del siniestro y valoración económica de los daños cubiertos. Con base en eso, la aseguradora decidirá la indemnización o la forma de reparación. Algunas aseguradoras ofrecen enviar sus propios gremios (fontaneros, albañiles) para reparar directamente, lo cual se puede aceptar o no según la confianza; otras indemnizan en dinero y la comunidad contrata a quien quiera.
7. Oferta o respuesta de la aseguradora: La compañía, a través del tramitador del siniestro, comunicará a la comunidad el resultado: puede ser una oferta de indemnización por X euros, la aprobación para que se inicien reparaciones con sus empresas, o en casos negativos, una denegación de cobertura explicando los motivos. Esta comunicación a veces llega por escrito (carta o email al corredor de seguros) o a través del agente.
8. Aceptación o negociación: Si la oferta de indemnización es satisfactoria y acorde a los daños, la comunidad la puede aceptar y esperar el pago (suele llegar mediante transferencia a la cuenta de la comunidad en unas semanas). Si la comunidad no está de acuerdo (porque cree que la cantidad es insuficiente o porque han denegado algo que cree cubierto), se puede iniciar una negociación con la aseguradora aportando argumentos o documentos adicionales. Por ejemplo, si el perito no incluyó un daño, mandar fotos o un segundo presupuesto para justificarlo. En esta fase conviene que el corredor/agente medie con la aseguradora.
9. Reparaciones: En muchos casos, se procede a reparar antes de que llegue la indemnización, sobre todo si es algo urgente (restablecer suministro, arreglar goteras). Es importante conservar facturas y justificantes de lo gastado, para presentarlos al seguro y que reembolsen. Si la aseguradora manda sus profesionales, supervisar que hagan un buen trabajo.
10. Cierre del siniestro: Una vez indemnizado o reparado todo, la aseguradora dará el siniestro por cerrado. Conviene archivar todo el expediente (número de siniestro, informe perito, comunicaciones) por si hubiera problemas más adelante (por ejemplo, reaparición de daños, etc.).

En todo este proceso, la comunicación y seguimiento son clave. Si pasan muchos días sin noticias, la comunidad (vía administrador) debe llamar al seguro para saber el estado. El administrador suele tener experiencia en tramitar partes, y muchas comunidades de vecinos delegan esto en él.
Aún así, los propietarios deben estar informados si fue algo grave, y quizás se comente en junta o en notas informativas. Por último, es importante no asumir compromisos con terceros sin consultar al seguro: por ejemplo, si un vecino afectado exige dinero inmediatamente, lo prudente es decirle que está en trámite con el seguro y que se le indemnizará conforme al peritaje, en vez de la comunidad pagarle por su cuenta (pues luego puede no ser reembolsado ese importe si no estaba cubierto). Siempre es mejor coordinar con el seguro antes de cualquier pago.

Resumiendo: notificar pronto, documentar, colaborar con el perito y hacer seguimiento cercano hasta conseguir la reparación o indemnización adecuada.

La normativa española (Ley de Contrato de Seguro) establece ciertos plazos orientativos para las actuaciones de la aseguradora. En particular, el artículo 18 de dicha ley indica que la compañía debe realizar alguna prestación a cuenta en un plazo máximo de 40 días desde que recibió la declaración del siniestro, siempre que no haya duda sobre la cobertura.
Esto significa que, si han pasado 40 días desde que la comunidad dio el parte y el seguro ha podido obtener la información esencial, la aseguradora está obligada a, al menos, pagar la cantidad mínima que ella estime que debe (aunque siga valorando detalles). Si no lo hace, incurriría en mora y tendría que pagar intereses de demora especiales (bastante elevados, interés legal del dinero incrementado en un 50%, y tras dos años, un 20% anual fijo).

En la práctica, para siniestros sencillos y claros, muchas aseguradoras hacen la oferta de indemnización mucho antes, en unas 2-3 semanas desde el parte. Por ejemplo, un daño por agua menor donde el perito va rápido, es posible que a los 15 días ya esté la indemnización aprobada.
En siniestros más complejos (incendio grande, responsabilidad civil con terceros implicados, etc.), a veces tardan más de esos 40 días en tenerlo todo evaluado. No obstante, están obligadas a mantener informado al asegurado si hay demoras justificadas (por ejemplo, están esperando un informe pericial complejo).

El plazo de 7 días para notificar el siniestro es del asegurado hacia la compañía; para la compañía, su gran hito es ese de 40 días para pagar algo. También se suele decir que la aseguradora debe resolver la reclamación en 3 meses; esto no es un plazo legal estricto para pagar, sino que en 3 meses desde que recibe la documentación completa del siniestro, debería como máximo comunicar su posición definitiva (aceptar o rechazar) según recomendaciones del sector o de algunos reguladores.

Si la aseguradora rechaza el siniestro, suele hacerlo por carta relativamente pronto (tras el informe pericial) porque no quiere retrasar la noticia. Si lo acepta, la tardanza viene a veces por peritaciones prolongadas o negociaciones de importe.

En cualquier caso, la comunidad debe saber que si la aseguradora se retrasa injustificadamente, puede exigir esos intereses de demora. A partir del día 41 desde el siniestro, si no ha recibido pago ni explicaciones, conviene mandar una reclamación por escrito recordando la obligación legal de ofrecer algo a cuenta.
Esto suele espolear a la compañía a dar una respuesta.
Como orientación:
Siniestros pequeños: a veces se resuelven en 1-2 semanas (incluso por teléfono, algunas aseguradoras autorizan importes menores sin perito).
Siniestros medianos: 2-4 semanas para peritación, y unos días más para la oferta, digamos dentro del primer mes.
Siniestros complejos: pueden irse a 1-2 meses en la fase pericial. La oferta quizás llegue al final del segundo mes. Pero antes de 40 días muchas harán un pago a cuenta si saben que van a pagar seguro algo (por ejemplo, tras un incendio, pagan un adelanto para que la comunidad pueda empezar a despejar y hacer reparaciones urgentes).
Siniestros con discusión (donde analizan si cubre o no): ahí pueden dilatarse hasta que recopilan informes, incluso acercarse a los 3 meses. Si van a tardar más de 3 meses en resolver, mala señal de que hay conflicto.
En resumen, la aseguradora debe moverse con celeridad.
Si no lo hace, la comunidad puede quejarse formalmente, incluso ante la Dirección General de Seguros pasado un tiempo prudente. Legalmente a los 40 días debe haber pagado lo indiscutible y a los 6 meses – 1 año máximo debería haber finiquitado el tema, salvo pleitos.

Si la comunidad ve que pasan los días sin avance, es importante que su mediador o corredor presione, o llamar al departamento de siniestros para preguntar. También, a veces, el retraso viene de falta de alguna documentación: si el seguro pidió un documento y no se entregó, se estanca. Por eso conviene revisar si la aseguradora solicitó algo (factura, certificado) y cumplirlo rápido.

En caso de gran tardanza, la comunidad podría incluso plantearse contratar por su cuenta la reparación si es urgente y luego exigir al seguro reembolso, pero lo ideal es no llegar a eso sin coordinar, porque puede haber malentendidos con la cobertura.

Concluyendo: el plazo clave son 40 días para tener al menos un pago parcial. Si no, la aseguradora se expone a pagar intereses altos, lo que incentiva que pocas dejen pasar ese límite sin pronunciarse.

Sí, las aseguradoras a veces invocan cláusulas de exclusión o deberes del asegurado para denegar una cobertura. Pero deben hacerlo dentro de lo que la póliza y la ley permiten. Veamos escenarios:
Falta de mantenimiento: Muchas pólizas excluyen daños causados por “falta de mantenimiento o deterioro paulatino”. Esto significa que si el siniestro se debe a que la comunidad negligentemente no cuidó algo (p.ej., el tejado con goteras viejas nunca reparadas, o una tubería corroída que goteaba hace meses), la aseguradora podría rehusar argumentando que no es un accidente súbito, sino consecuencia de desidia. Es un terreno gris: a veces las aseguradoras abusan de esta excusa. Por ejemplo, si revienta una tubería de 40 años, ¿es falta de mantenimiento o simplemente fin de vida útil? Cada caso se discute. La comunidad debe demostrar que sí mantenía (facturas de inspecciones, etc.).

– Incumplimiento de medidas de seguridad: Si la comunidad incumplió alguna obligación legal que agrava el riesgo, la aseguradora podría negarse. Por ejemplo, si por ley debía tener extintores y no los tenía y ocurre un incendio que se habría contenido, la aseguradora puede alegar agravación de riesgo no comunicada. O si la comunidad instaló una caldera nueva más potente sin avisar al seguro, y explota, podrían decir que cambió el riesgo asegurado. En general, la póliza obliga a notificar agravaciones del riesgo. Si la comunidad realiza cambios importantes (obras, nueva actividad en local, etc.) conviene informar al seguro para ajustar condiciones.

– Pago de prima: Obviamente, si la comunidad no pagó la prima o la pagó fuera de plazo y sucede un siniestro en periodo sin cobertura, la compañía no pagará. Por ley, hay un mes de gracia tras vencimiento para pagar con cobertura; pasado ese mes, se suspende cobertura hasta pago. Si ocurre el siniestro en suspensión, no hay derecho a indemnización.

– Comunicación tardía del siniestro: Si la comunidad tardó mucho en dar el parte (más de 7 días) y ese retraso causó perjuicio a la aseguradora (por ejemplo, se perdieron evidencias, el daño se agravó), la aseguradora podría reducir la prestación o rechazar si demuestra mala fe. Sin embargo, si no hubo mala fe y el retraso no afecta, en la práctica suelen atenderlo.

– Fraude o falseamiento: Si la comunidad (o alguien en su nombre) intenta engañar al seguro, incluyendo reclamaciones falsas o infladas, la aseguradora puede no solo negar el pago sino rescindir el contrato. Por ejemplo, exagerar los daños deliberadamente en la declaración o reclamar cosas no ocurridas.

– Riesgos excluidos: No es un “incumplimiento” de la comunidad, pero es una causa frecuente de negativa: la póliza podría excluir, por ejemplo, daños por condensación, o por asentamiento del edificio, etc. En ese caso, no es que la comunidad hiciera algo mal, sino que ese suceso no se contrató. La aseguradora con razón no lo cubre.

– No ejecutar medidas correctivas: A veces tras un siniestro o inspección, la aseguradora requiere a la comunidad ciertas mejoras (p.ej., reparar urgentemente un cable peligrando). Si la comunidad no lo hace y luego hay un siniestro relacionado, la compañía podría intentar escudarse en que no atendieron sus recomendaciones de seguridad. Dependerá de cómo esté escrito, no siempre es automático.

En cualquier caso, si la aseguradora alega un incumplimiento de condiciones, la comunidad debe:

1. Pedir la justificación: que indiquen qué cláusula o qué deber se incumplió exactamente.
2. Verificar en póliza: leer la letra pequeña a ver si es cierto.
3. Contradecir si es posible: por ejemplo, si dicen “no había mantenimiento”, aportar facturas de empresa de mantenimiento que demuestren que sí lo había, solo que el siniestro ocurrió igual. O argumentar que la tubería se rompió pese al mantenimiento porque fue un golpe de ariete imprevisto.
4. Negociar: A veces, aunque la compañía tenga razón en algo, se puede llegar a un término medio. Por ejemplo, si faltaba una inspección pero el siniestro igualmente lo cubren en parte, tal vez pagan un porcentaje.
5. Reclamar formalmente: Si la comunidad considera que la aseguradora está siendo injusta, seguir los pasos de reclamación descritos antes: atención al cliente, DGSFP, y eventual demanda judicial. En juicio, a la aseguradora le toca probar el incumplimiento doloso o gravemente negligente de la comunidad para librarse de pagar (la carga de la prueba recae en la compañía en muchos casos). Por ejemplo, probar que el tejado llevaba 5 años roto sin arreglar. Si no lo demuestra bien, el juez podría fallar a favor del asegurado.

Un punto: las exclusiones y obligaciones deben estar destacadas en la póliza para ser válidas (letra negrita o similar). Si no lo estaban, la comunidad puede alegar que no las conocía bien.

En resumen, la aseguradora puede negarse alegando incumplimientos del asegurado, pero no tiene carta blanca: debe basarse en algo contractual y demostrable. La comunidad, ante tal situación, debe defenderse mostrando que actuó correctamente o que el siniestro igualmente está contemplado. Muchas veces, las negativas por “falta de mantenimiento” son discutibles, y acaban negociándose o en juicio.

Lo ideal es que la comunidad sea diligente siempre con mantenimientos y obligaciones (eso no solo evita problemas con el seguro, sino siniestros en primer lugar). Pero si aun así surgen objeciones, tocará pelear con la aseguradora con argumentos técnicos y legales.

No siempre desde el principio, pero puede ser muy conveniente dependiendo de la situación. Mientras la tramitación del siniestro va por buen camino (la aseguradora acepta cubrir y se está valorando la indemnización), normalmente el administrador de la comunidad o el corredor de seguros pueden manejar la comunicación con la compañía. En siniestros simples, no hace falta implicar a un abogado: se arregla y ya está.

Sin embargo, en varios escenarios un abogado resulta muy útil o necesario: – Negativa de cobertura: Si la aseguradora rechaza el siniestro o pone problemas importantes, conviene consultar con un abogado especializado en seguros. Él podrá analizar la póliza y la causa del siniestro para ver si la compañía actúa correctamente o no. Y en su caso, redactar las reclamaciones con el lenguaje jurídico adecuado.
Muchas veces, la mera intervención de un letrado hace que la aseguradora se lo piense dos veces antes de mantener una negativa injustificada, sabiendo que el siguiente paso sería un pleito.
Ofrecen indemnización insuficiente: Cuando la diferencia es grande, un abogado junto con un perito puede preparar una reclamación técnica sólida. Por ejemplo, para argumentar que tal método de valoración fue incorrecto, o que la depreciación aplicada no corresponde. Esto ya sale del conocimiento del administrador promedio, es un terreno más pericial-legal.
Terceros afectados: Si hay terceros reclamando (por ejemplo, un vecino reclama a la comunidad un daño, y la comunidad espera que el seguro lo cubra), tener asesoramiento legal es prudente. Porque hay que coordinar la defensa de la comunidad con la cobertura del seguro. Muchas pólizas incluyen Defensa Jurídica: la aseguradora designa o costea un abogado para defender a la comunidad frente a esas reclamaciones. En ese caso, habrá un abogado (pagado por el seguro) que se ocupará del pleito, y a la comunidad no le costaría. Pero ojo, a veces la comunidad prefiere elegir su propio abogado (muchas pólizas permiten libre elección con un límite de honorarios).
Lo esencial es no afrontar demandas de terceros sin apoyo legal, confiando ciegamente en la aseguradora, ya que los intereses pueden divergir (por ejemplo, la aseguradora podría querer pactar una cantidad y la comunidad no). Aquí un abogado propio te aconseja qué es mejor.
– Acción judicial contra la aseguradora: Si se decide demandar a la compañía por no pagar lo debido, sí o sí hace falta un abogado y procurador, ya que suelen ser cuantías relevantes y es un juicio civil ordinario. Ahí no hay vuelta: hay que contratarlo.
– Complejidad del siniestro: En siniestros muy grandes (incendio devastador, derrumbe), hay temas legales complejos: reclamaciones cruzadas, varias coberturas, etc. Tener un abogado gestionando desde temprano asegura que la comunidad no firme nada inadecuado (por ejemplo, a veces las aseguradoras proponen finiquitos, y un abogado revisará qué implican) y que se cumplan todos los pasos (p. ej., si hay que hacer peritaje contradictorio formal).
En general, si la comunidad siente que el seguro no está respondiendo bien, es momento de involucrar a un abogado. Antes de eso, si todo fluye, no es imprescindible.

Hay que considerar también el coste-beneficio: un abogado cobrará honorarios, pero si gracias a él la indemnización mejora sustancialmente o se gana un caso que sin él se habría perdido, sale a cuenta. Además, como mencionamos, si la comunidad prevalece en un juicio contra la aseguradora, esta suele ser condenada en costas y pagará esos honorarios.

Otra cosa: muchas pólizas incluyen una partida de gastos de defensa para reclamaciones contra terceros (por ejemplo, si la comunidad sufre un daño y hay que demandar a alguien, el seguro costea abogado). Sin embargo, para reclamar contra la propia aseguradora, obviamente el seguro no paga el abogado (sería conflicto de interés). Algunas pólizas de defensa jurídica externas sí cubren pleitos contra aseguradoras, pero son raras.
Finalmente, está el factor tranquilidad: lidiar con aseguradoras puede ser tedioso. Un abogado se encarga y la comunidad se desentiende en parte del estrés técnico.
En conclusión, aunque no es obligatorio tener abogado en la fase amistosa, es muy recomendable en situaciones de conflicto con la aseguradora. Y en la fase judicial es totalmente necesario. La mayoría de comunidades acuden a asesor legal en cuanto ven que el seguro les está dando largas o poniendo excusas, porque prefieren ir bien aconsejados que arriesgarse a perder derechos por desconocimiento.

Por supuesto, si el caso es pequeño (p. ej. discrepancia de 500 €) quizás la comunidad decide no meterse en pleitos por coste reputacional. Pero si es algo importante, un abogado es casi imprescindible para encauzar la reclamación hacia buen puerto.

Para reclamar eficazmente al seguro (ya sea durante la tramitación o en un eventual pleito), es esencial contar con la máxima documentación probatoria. Lo recomendable es reunir:
– Póliza de seguro completa (Condiciones Generales, Particulares y suplementos): Para ver exactamente qué coberturas, límites y exclusiones hay. Esto es lo primero que revisará un abogado o perito. En juicio, se aportaría como prueba del contrato y sus términos.
– Recibos de pago de la prima: Para acreditar que el seguro estaba vigente y pagado al día cuando ocurrió el siniestro. A veces se adjunta el último recibo pagado para evitar discusiones sobre cobertura por impago.
– Parte de siniestro y comunicaciones con la aseguradora: Toda la correspondencia con la compañía: el formulario o notificación del siniestro, los correos o cartas enviadas por la aseguradora (reconocimiento de recepción, designación de perito, petición de documentos adicionales, etc.), la carta de oferta de indemnización o de denegación de cobertura. Si hubo conversaciones telefónicas importantes, conviene anotar fechas y contenido (e incluso confirmarlas por email si es posible, para que quede constancia).
– Informes periciales: – Informe del perito de la aseguradora: Si la compañía facilitó copia (a veces no lo dan espontáneamente, pero se puede solicitar). En caso de disputa, pedirlo es buena idea; si no lo dan, al menos tener un resumen de sus conclusiones escrito en la carta de la aseguradora.
– Informe pericial independiente: Si la comunidad contrató un perito propio para contraevaluar, su informe con fotos, conclusiones y valoración. Este documento es crucial para rebatir a la aseguradora; se presentará tanto en reclamación extrajudicial como, si procede, en juicio, acompañado del testimonio del perito.
– Reportajes fotográficos o vídeos: Imágenes del daño y del origen del siniestro. Por ejemplo, fotos de la tubería rota, de la habitación inundada, del coche dañado por un ladrillo caído, etc. Deben ser lo más claras posible. Si se puede, con fecha (muchas digitales la tienen). En juicio ayudan a ilustrar la magnitud del siniestro.
– Facturas y presupuestos de reparación: Si la comunidad o los afectados han realizado reparaciones, las facturas correspondientes (fontanero de urgencia, pintor, albañil). Si no se ha reparado aún, presupuestos detallados de empresas para cuantificar el coste futuro. Es importante que las facturas/presupuestos desglosen conceptos para compararlos con lo que el seguro cubre. Por ejemplo, para un daño de agua en piso, tener la factura de pintor por X € para repintar techos, y otra de carpintero si hubo que cambiar parquet, etc. Así se ve partida por partida.
– Documentos de mantenimiento o revisiones: Si la aseguradora cuestiona mantenimiento, conviene tener certificados de mantenimiento: última revisión del ascensor (si el siniestro fue ascensor), informe del tejado por un técnico antes del temporal, libro de mantenimiento del edificio, etc. Eso desmonta argumentos de negligencia.
– Actas o escritos internos: Si el siniestro fue tratado en junta de propietarios, el acta reflejando lo ocurrido y las decisiones (por ejemplo, “se aprueba reclamar al seguro y contratar peritaje independiente”). No es obligatorio presentarla, pero puede demostrar la transparencia de la comunidad. También si la comunidad se quejó a la aseguradora en junta, etc.
– Reclamaciones de terceros: Si hay terceros reclamantes (p. ej. vecinos, viandante herido), sus cartas de reclamación o demandas, para pasarlas al seguro (que a su vez debe defender a la comunidad si la RC está cubierta).
– Testimonios escritos: Si un vecino o conserje fue testigo de cómo ocurrió el siniestro, a veces hacen un relato escrito firmado de lo que vio (“a las 10 am observé que salía agua del techo del 2º, etc.”). Esto puede ser útil si hay disputa de causa. En juicio, podrían ir como testigos.
– Comprobantes de valor: Si se reclaman bienes dañados, documentos que acrediten su valor y existencia. Por ejemplo, facturas de compra de maquinaria comunitaria averiada, o facturas de muebles de un vecino si se cubren por RC. Para contenido privativo, las aseguradoras siempre piden justificar propiedad y valor, conviene tener recibos o al menos fotos de antes.
– Informes oficiales: Si intervinieron bomberos, policía o algún organismo, obtener copia del atestado o parte de intervención. Suelen describir causa probable del incendio, por ejemplo. Son pruebas objetivas potentes.
– Correo de reclamación a Atención al Cliente: Si se envió una queja formal a la aseguradora, copia de dicha reclamación y su acuse de recibo, y la respuesta que hayan dado (si es que respondieron).
– Comunicación a DGSFP: Si se escaló a la Dirección General de Seguros, copia del escrito enviado y de la respuesta (informe) que emitió. Aunque no es vinculante, es un documento a incluir en expediente judicial para mostrar que se agotaron vías.
– Contrato con terceros: A veces útil. Ejemplo: si un proveedor causó el daño (un trabajador, o una empresa externa), tener su contrato o datos (por si la aseguradora quiere subrogar luego contra él, o por si se debate responsabilidad).
Básicamente, se debe hacer un dossier completo del siniestro y de la interacción con el seguro. Esto servirá para estructurar la reclamación extrajudicial (adjuntando copias pertinentes) y, llegado el caso, para aportar al juzgado como pruebas.
Un consejo: mantener un registro cronológico de todo, con fechas y resumen de lo que pasó cada día (día del siniestro, día de aviso al seguro, día vino perito, etc.). Facilita luego narrar los hechos en una reclamación o demanda de manera ordenada.
En conclusión, cuantos más documentos objetivos se tengan, mejor. Las reclamaciones exitosas se basan en evidencia, no solo en quejarse. Tener la póliza, fotos, facturas, informes y comunicaciones claramente archivadas es la mejor estrategia para forzar al seguro a cumplir o para ganar en un tribunal si se llega ahí. Y por supuesto, compartir toda esa documentación con el abogado que lleve el caso, para que nada quede en el tintero.