Reclamación de deudas empresariales Madrid

Cuando un cliente o proveedor no cumple con el pago acordado, usted puede iniciar una reclamación extrajudicial y judicial. El primer paso suele ser intentar una solución amistosa: un requerimiento de pago formal (por ejemplo, un burofax o carta certificada) detallando la deuda, los conceptos y dando un breve plazo para abonarla, advirtiendo que si no se paga se tomarán acciones legales.

Si esto no surte efecto, la vía judicial es el siguiente recurso. En España existe un procedimiento ágil llamado procedimiento monitorio, especialmente diseñado para reclamar deudas dinerarias, vencidas y exigibles, de cualquier importe, siempre que se pueda justificar con documentos (facturas, albaranes, contratos).

Se presenta una petición inicial al juzgado y, si el deudor no se opone ni paga tras ser notificado, el juez dicta un decreto con fuerza de título ejecutivo (permitiendo embargar bienes). Si el deudor se opone, el proceso continúa como un juicio ordinario o verbal según la cuantía.

Alternativamente, se puede interponer directamente una demanda judicial (verbal u ordinaria) reclamando la deuda e intereses, sobre todo si prevé que habrá oposición del deudor o si además del pago busca resarcimiento por daños. Para deudas con administraciones públicas, el proceso es distinto (reclamación económico-administrativa).

En cualquier caso, es recomendable acompañar todas las pruebas de la existencia de la deuda y haber dejado constancia previa de la reclamación. Un abogado puede asesorarle sobre la mejor estrategia según el monto y la situación del deudor, intentando primero el cobro amistoso y, de no lograrse, acudiendo a los tribunales para obtener una resolución que obligue al pago.

El proceso puede resumirse en varias fases:

El procedimiento monitorio es una herramienta judicial rápida y eficaz para reclamar deudas dinerarias sin necesidad de un juicio ordinario completo, siempre que la deuda esté documentada.

Funciona así: usted, con asistencia de abogado y procurador (solo obligatorios si la deuda supera los 2.000 €; para cuantías menores puede hacerlo sin ellos, aunque es recomendable contar con asesoramiento igualmente), presenta en el juzgado una petición de procedimiento monitorio indicando quién es el deudor, el importe que se reclama, su origen (p. ej., factura nº X de fecha Y por tal servicio) y adjuntando los documentos que la soportan. El juzgado admite la petición y requiere de pago al deudor.

Si en el plazo de 20 días hábiles el deudor no paga ni formula escrito de oposición, el tribunal da por concluido el monitorio y emite un decreto que reconoce la deuda.

Con ese decreto se puede pasar directamente a la fase de ejecución (embargos) como si fuera una sentencia. Si el deudor se opone dentro de plazo alegando razones por las que cree que no debe pagar, el asunto se transforma:

El plazo de prescripción de una deuda varía según su naturaleza, pero en términos generales, tras la reforma del Código Civil de 2015, las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los 5 años. Esto incluye la mayoría de deudas comerciales o contractuales (facturas por servicios, ventas de mercancías, préstamos entre particulares, etc.), que antes prescribían a los 15 años y ahora a los 5 años desde que la obligación es exigible.

Sin embargo, hay excepciones: por ejemplo, las deudas derivadas de responsabilidad extracontractual (daños y perjuicios por un accidente, etc.) prescriben al año; las acciones para reclamar alquileres impagados o importes derivados de una compraventa mercantil pueden considerarse dentro de los 5 años genéricos; las deudas tributarias o con la Seguridad Social tienen sus propios plazos de prescripción (normalmente 4 años para que Hacienda las reclame, pero para que usted las reclame a Hacienda también 4 años en devoluciones de ingresos indebidos).

Además, la prescripción puede interrumpirse: si usted reclama fehacientemente la deuda (por ejemplo, mediante un burofax o presentando demanda judicial) antes de vencer el plazo, el cómputo de 5 años se reinicia desde cero.

Por eso es importante no dejar pasar el tiempo: cuantos más años transcurran sin reclamar, más riesgo hay de que la otra parte alegue prescripción y legalmente ya no pueda exigirse el pago. Lo recomendable es iniciar gestiones de cobro lo antes posible y, ante la duda, consultar con un abogado para confirmar el plazo exacto que aplica a su caso particular, pues identificar el inicio del cómputo y posibles interrupciones requiere análisis jurídico.

Sí. Cuando un deudor se retrasa en el pago, la ley reconoce al acreedor el derecho a cobrar intereses de demora desde la fecha de vencimiento de la obligación. En operaciones comerciales entre empresas o con la Administración, se aplica automáticamente el interés legal de demora previsto en la Ley de Morosidad (que se fija semestralmente; suele ser el tipo del BCE más 8%, por ejemplo).

Incluso si no se pactó nada, tras 30 días del vencimiento de la factura impagada empiezan a generarse esos intereses moratorios. Si en el contrato pactaron un interés específico por retraso (siempre que no sea abusivo), se aplicará ese. Además de los intereses, en ámbito mercantil puede reclamarse una indemnización por costes de cobro: la ley establece una suma fija de 40 € por factura impagada, y posibilidad de reclamar costes superiores (honorarios de abogados, gestiones de recobro) si exceden de esa cifra y fueron necesarios para conseguir el pago.

Por otro lado, si el impago causó daños adicionales (por ejemplo, perdió usted una oportunidad de negocio por esa falta de liquidez), cabría reclamar una indemnización por daños y perjuicios, aunque en la práctica es difícil de cuantificar y probar, por lo que suele limitarse a intereses.

En el procedimiento judicial, su abogado incluirá la petición de intereses hasta el día del pago efectivo, para que el deudor moroso no solo pague el principal sino también el coste de haber tenido ese dinero retenido. Esto sirve de incentivo para que los deudores no demoren injustificadamente sus obligaciones de pago.

Si el deudor resulta ser insolvente (es decir, no tiene dinero ni activos embargables suficientes), la realidad es que cobrar la deuda se vuelve complicado. Tras obtener usted una sentencia o título a favor, al iniciar la ejecución el juzgado investigará los bienes (mediante consultas a registros de la propiedad, tráfico, bancos, etc.).

Si no se encuentran bienes embargables, el juzgado puede declarar la insolvencia provisional del deudor y archivar la ejecución. Esto no significa que la deuda desaparezca: usted mantiene su derecho de cobro durante un largo periodo (la sentencia o título ejecutivo suele prescribir a los 5 años, pero puede ir renovando la ejecución si aparecen nuevos bienes).

En ocasiones, con el tiempo, los deudores insolventes adquieren algún bien o mejoran su situación, y es posible reactivar la ejecución para embargarles. Por otro lado, si el deudor es una empresa y se declara en concurso de acreedores (antigua quiebra), su deuda se gestionará dentro de ese procedimiento concursal: deberá comunicar su crédito a la administración concursal, y es probable que solo recupere una parte proporcional (o nada, dependiendo de la masa de activos) según el plan de pagos o liquidación. Es importante en esos casos asesorarse con abogados especialistas en concursos para intentar clasificar su crédito de la mejor manera (por ejemplo, si hay garantías reales, sería privilegiado).

En síntesis, si el deudor no tiene bienes realizables, puede ser difícil lograr el cobro efectivo. Aun así, obtener una resolución judicial a su favor es útil por si la situación cambia.

Además, su abogado puede investigar alternativas: verificar si hubo algún comportamiento fraudulento (como ocultar bienes, vender propiedades para eludir pagos), lo que podría dar pie a acciones legales contra esos actos o incluso contra administradores en caso de deudas de empresas.