Liquidación de sociedades madrid

Existen varias causas legales y estatutarias por las que una sociedad debe disolverse, dando paso a su liquidación.

Las causas legales generales (marcadas en la Ley de Sociedades de Capital) incluyen: (a) el acuerdo de los socios de disolver la sociedad, normalmente tomado en junta general con las mayorías requeridas, porque así lo desean (disolución voluntaria); (b) el cumplimiento del término fijado en los estatutos si la sociedad se constituyó por tiempo determinado (poco frecuente hoy, la mayoría son indefinidas); (c) la conclusión del objeto social o la imposibilidad manifiesta de realizar la actividad principal (por ejemplo, una empresa farmacéutica cuyo fármaco no obtiene aprobación y no tiene más objeto); (d) la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento (conflictos internos gravísimos que bloquean toda toma de decisiones); (e) pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social a no ser que se aporte capital o se reduzca este en proporción, situación conocida como causa de disolución por pérdidas (muy importante: si ocurre, los administradores deben reaccionar); (f) reducción del capital por debajo del mínimo legal (p. ej., si una SL reduce capital por pérdidas por debajo de 1 € sin ampliarlo de nuevo); (g) que la sociedad se quede con un único socio en casos donde la ley no lo permite (en SL y SA sí se permite unipersonalidad, pero si los estatutos dicen lo contrario o en otras formas no).

Además de estas, los estatutos pueden establecer otras causas específicas de disolución (por ejemplo, la muerte de un socio en una sociedad personalista, o la pérdida de autorizaciones administrativas indispensables).

En cualquier caso, cuando concurre una causa de disolución, los administradores deben convocar junta en el plazo de 2 meses para que se acuerde la disolución (o se remedie la causa si es posible, como aportando capital). Si no lo hacen, pueden incurrir en responsabilidad personal por las deudas sociales posteriores.

En resumen, se “debe” disolver cuando la ley o los estatutos lo indiquen ante ciertas circunstancias adversas; también se “puede” disolver por mera voluntad de los socios aunque la sociedad vaya bien (deciden cerrar el negocio y repartirse lo que haya).

La disolución es el acto jurídico por el cual la sociedad declara formalmente su voluntad (o necesidad legal) de cesar su actividad normal y proceder a cerrar. Sin embargo, la disolución no extingue inmediatamente la personalidad jurídica de la empresa; simplemente marca el inicio del proceso de cierre. Tras la disolución, la sociedad entra en un periodo de liquidación.

Durante la liquidación, la sociedad ya no realiza nuevas operaciones mercantiles salvo las necesarias para liquidar las existentes; su objetivo principal pasa a ser convertir en dinero sus activos, pagar sus deudas y repartir el remanente (si lo hay) entre los socios.

En esta fase, los administradores cesan en sus funciones de gestión ordinaria y suelen convertirse en liquidadores (a veces se nombran otros, pero a falta de designación los administradores se transforman en liquidadores). La liquidación implica: hacer un inventario y balance inicial de liquidación, vender los bienes de la sociedad o asignarlos a socios si así conviene, atender pago a acreedores (respetando prelaciones), y al final, elaborar un balance final de liquidación y un proyecto de división del haber social entre socios.

Cuando los socios aprueban ese balance final y el reparto, y se ha pagado todo, se otorga la escritura pública de extinción y se solicita la cancelación de la sociedad en el Registro Mercantil. Solo entonces la sociedad deja de existir jurídicamente.

En resumen: disolver es decidir cerrar (y se inscribe en el Registro la “situación de disolución”), y liquidar es ejecutar ese cierre, saldando cuentas. Puede haber disolución sin liquidación si, por ejemplo, se acuerda una fusión o absorción (la sociedad se disuelve pero traspasa todo su patrimonio a otra, sin liquidarlo); pero lo habitual en un cierre definitivo es disolver y luego liquidar. Hasta que no se complete la liquidación, la sociedad disuelta sigue existiendo (con añadidura “en liquidación” en su denominación) y puede ser demandada, contratar lo mínimo indispensable para liquidar, etc.

El procedimiento, a grandes rasgos, es:

1. Detección de la causa de disolución: ya sea voluntaria (decisión de socios) o legal (pérdidas, inactividad, etc.).

2. Acuerdo de disolución en Junta General: Los administradores convocan a los socios a una junta, explicando la causa de disolución. La junta debe aprobar la disolución con los requisitos de quorum y mayoría (en SL y SA mayoría ordinaria salvo estatutos digan otra, o a veces 2/3 en SA si es por cese anticipado voluntario). En ese mismo acuerdo suelen nombrarse liquidadores (si no, serán los administradores). Una vez disuelta, la denominación social deberá usarse con la coletilla “en liquidación”.

3. Inscripción de la disolución: se eleva a escritura pública el acuerdo de disolución y cese/nombramiento de liquidadores, y se inscribe en el Registro Mercantil. Desde ese momento, la empresa está formalmente en liquidación.

4. Fase de liquidación: Los liquidadores hacen un inventario y balance al inicio. Luego proceden a realizar las operaciones necesarias: cobrar créditos pendientes, vender activos (mobiliario, existencias, inmuebles) o adjudicarlos si conviene, cancelar contratos, y sobre todo pagar a los acreedores de la sociedad con el dinero obtenido.

   Los acreedores tienen preferencia: no se reparte nada a socios hasta asegurar que todas las deudas están satisfechas (o si alguna queda disputada, se retiene importe para cubrirla). Si los activos no alcanzan para pagar pasivos, los liquidadores deben solicitar la declaración de concurso de acreedores (antigua quiebra) en el juzgado, pues la liquidación amistosa no es posible en insolvencia.

5. Proyecto de división: Una vez pagadas deudas (o separadas las cantidades para las pendientes), si queda patrimonio neto, los liquidadores preparan un proyecto de distribución entre los socios según su participación. Se formula también un balance final de liquidación.

6. Aprobación por la Junta: los socios se reúnen y aprueban el balance final y el reparto propuesto (o lo ajustan). Cada socio recibirá su cuota en dinero o en especie (por ejemplo, adjudicándole algún activo remanente).

7. Escritura de extinción: formalizados los pasos anteriores, los liquidadores otorgan escritura pública de extinción de la sociedad, manifestando que todo se hizo conforme a ley y que nada queda por repartir ni deudas pendientes (o que se consignaron si las hay). Se presenta en el Registro Mercantil la escritura solicitando la cancelación de los asientos registrales de la empresa.

8. Comunicación a Hacienda y otros: se presenta el impuesto de sociedades por el período final, se liquida impuesto de operaciones societarias por la adjudicación a socios (está exento actualmente en disoluciones), se dan de baja los CIF, etc.

   
   Con eso, la sociedad queda extinguida. Todo el proceso puede durar desde unos pocos meses hasta más de un año, según la complejidad de liquidar los activos (por ejemplo, vender una nave industrial puede llevar tiempo) y resolver asuntos pendientes. Importante: durante la liquidación, los liquidadores actúan como representantes, y deben obrar con diligencia, pudiendo incurrir en responsabilidad si no aseguran el pago de acreedores o si distribuyen indebidamente bienes a socios antes de saldar deudas.

El tiempo varía mucho según cada caso. En sociedades sencillas, sin empleados y con pocos activos, la liquidación podría completarse en unos pocos meses: básicamente el tiempo de convocar la junta de disolución, vender lo que haya (por ejemplo, existencias o un vehículo), pagar deudas corrientes y formalizar papeles.

Por el contrario, en sociedades con patrimonio amplio o asuntos complejos, puede extenderse más de un año o incluso varios. Por ejemplo, imagínese una empresa que posee inmuebles: hasta que se venden o adjudican puede transcurrir tiempo buscando comprador. O empresas con litigios en curso: los liquidadores quizás deban esperar a que se resuelva un pleito importante para saber cuánta deuda pagar o cobrar. La ley no fija un plazo máximo cerrado, pero los liquidadores deben actuar sin dilaciones injustificadas.

En cualquier caso, cada año mientras dure, deberán formular cuentas anuales de liquidación para mantener informados a los socios. Un elemento que influye es la diligencia en los trámites: si todo está en orden documental, Hacienda no retrasa la baja, etc., será más ágil. Si surge una insolvencia y hay que ir a concurso de acreedores, entonces el proceso se judicializa y puede tardar años.

En promedio, muchas liquidaciones de pymes se resuelven en 6-12 meses. Otro factor es la coordinación entre socios: si hay disputas entre socios sobre el reparto final, eso alarga la liquidación (incluso puede acabar en juzgado si algún socio impugna el balance final).

En resumen, no hay un cronómetro fijo, pero cuanto más ordenada tenga la empresa su contabilidad y más sencillo sea liquidar sus bienes y deudas, más rápido concluirá. Una buena planificación previa a la disolución (por ejemplo, ir cancelando deudas, vendiendo activos sobrantes antes de iniciar formalmente) puede acortar luego la liquidación.

Durante la liquidación, la prioridad es convertir los bienes en dinero para pagar las deudas. Los liquidadores asumen la gestión: deben identificar todos los activos (dinero en cuentas, inmuebles, vehículos, stock, maquinaria, créditos pendientes de cobro, propiedad intelectual, etc.) y todos los pasivos (préstamos, proveedores pendientes de pago, impuestos devengados, nóminas, indemnizaciones si hubiere empleados, etc.).

Luego proceden a realizar los activos: vender propiedades (mediante subasta o venta directa), cobrar deudores (incluso iniciando acciones legales de ser necesario), retirar fianzas o depósitos que la empresa tuviera, etc. Con el efectivo obtenido, pagan a los acreedores siguiendo la ley: primero las deudas con privilegio especial (si hay hipotecas, por ejemplo, se pagan con preferencia con cargo al bien hipotecado), luego gastos de la propia liquidación, después deudas laborales (salarios, indemnizaciones pendientes) y deudas con Hacienda/Seguridad Social, luego proveedores y acreedores comunes, etc., respetando prelación en caso de insuficiencia.

Es fundamental que no se repartan bienes a los socios hasta asegurarse de que no quedan deudas; si los liquidadores distribuyen antes y luego aparece una deuda, pueden ser responsables hasta el monto distribuido indebidamente. Si un activo es difícil de vender, cabe la posibilidad de adjudicarlo en especie a un socio a cuenta de su cuota de liquidación, siempre que ese socio asuma valorarlo y, en su caso, responder de la parte proporcional de deudas si quedaran.

Las deudas, idealmente, quedan a cero al final: si hay más activos que pasivos, se pagan todas y sobra patrimonio para socios; si hay más deudas que bienes (insolvencia), como dije, se debe ir a concurso de acreedores, en cuyo marco puede que los acreedores asuman quitas (perdonen parte) y la sociedad se liquide sin pagar todo.

En la liquidación extrajudicial amistosa, los liquidadores podrían también negociar con acreedores quitas o esperas para facilitar el cierre, aunque con cuidado de tratar a los acreedores por su orden legal para no perjudicar injustamente a unos frente a otros. En definitiva, los bienes se transforman en liquidez, esa liquidez salda las deudas en la medida de lo posible, y sólo los restos de bienes o dinero, tras esa tarea, son para los socios.

Varias y muy importantes. Los administradores (antes de la disolución) tienen el deber legal de vigilar las causas de disolución. Si detectan, por ejemplo, que las pérdidas han dejado el patrimonio por debajo de la mitad del capital, deben actuar en no más de 2 meses convocando la junta para disolver o, si es posible, para recapitalizar la empresa.

Si incumplen este deber y la sociedad sigue operando en causa de disolución, los administradores pueden ser responsables personales de las deudas sociales contraídas desde que debían haber disuelto y no lo hicieron. Esto es una responsabilidad muy seria: los acreedores podrían reclamar a su patrimonio particular. También responde el administrador si no convoca junta ante cualquier otra causa legal de disolución conocida.

Por ello, es vital que los administradores no miren a otro lado ante insolvencias o causas legales de cierre. Durante la liquidación, los liquidadores (que suelen ser los mismos administradores u otros designados) tienen deber de diligencia y lealtad.

Si no actúan correctamente (por ejemplo, malvenden activos a precio vil para beneficiar a un tercero, ocultan bienes, pagan a un acreedor saltándose la prelación perjudicando a otro, o reparten a socios antes de tiempo dejando deudas sin pagar), pueden incurrir en responsabilidad civil frente a perjudicados e incluso penal si hay alzamiento de bienes o actuación dolosa.

En cuanto a los socios, su principal responsabilidad es que no pueden recibir nada en liquidación hasta que los acreedores estén satisfechos. Si un socio recibe adjudicaciones o dinero y resulta que había deudas pendientes, ese socio debe reintegrar lo recibido hasta cubrir las deudas, porque los acreedores preferentes tienen derecho a cobrar primero.

Los socios en general no responden de las deudas sociales con su patrimonio (esa es la gracia de la S.L./S.A.), pero existen excepciones: si un socio abusó de la forma jurídica causando fraude o confusión patrimonial, un juez podría levantar el velo y hacerle responsable (casos extremos).

También, socios que hubieran acordado disolución dolosa para eludir pagos, etc., podrían tener implicaciones. Adicionalmente, en sociedades profesionales (abogados, arquitectos bajo SLP) los socios profesionales sí responden de los trabajos pendientes incluso tras liquidar, hasta cierto límite.

Pero en la mayoría de mercantiles, el riesgo de socios es perder su inversión si la empresa quiebra, no más. En suma, administradores/liquidadores tienen la carga más pesada: deben hacer las cosas en tiempo y forma; si lo hacen bien, no tendrán problemas. Los socios deben acatar el orden de prelación: primero pagar a terceros, luego cobramos nosotros si queda algo. Siguiendo estas reglas, la disolución-liquidación se cerrará limpiamente.

Sin duda es altamente recomendable. Aunque no es obligatorio por ley contratar abogado para disolver y liquidar, la realidad es que el proceso involucra trámites legales y decisiones complejas donde un experto aporta enorme valor.

Un abogado mercantilista puede, por ejemplo, evaluar si realmente concurre la causa de disolución o si hay alternativas (quizá se puede evitar disolver buscando financiación, etc.), aconsejar la mejor forma y momento de disolver (optimizar fiscalidad de la liquidación, coordinar con periodos contables, etc.), preparar la documentación societaria (convocatorias, actas de junta, certificados) de forma correcta para evitar nulidades o impugnaciones.

Además, durante la liquidación, irá guiando a los liquidadores en cómo proceder con ventas de activos importantes (con transparencia y cumplimiento de posibles derechos de terceros), en la comunicación con acreedores, en el cumplimiento de plazos de publicidad (por ejemplo, tras la junta final hay que anunciar en BORME y periódico la liquidación para dar oportunidad a acreedores desconocidos de reclamar).

También se necesita gestionar aspectos fiscales (baja censal, modelo de liquidación de Impuesto Sociedades especial por liquidación) donde la asesoría legal-fiscal evita sanciones posteriores.

Si la empresa tiene empleados, un abogado laboral ayudará a extinguir sus contratos cumpliendo con sus derechos. Asimismo, si surge cualquier litigio (un socio disconforme, un acreedor que demanda durante el proceso), es crucial tener ya a alguien empapado del asunto.

En resumen, cerrar una empresa ordenadamente requiere conocimientos de derecho societario, contable, fiscal y laboral; un buen asesor legal coordina todas esas aristas. Así se asegura de que la extinción sea válida y definitiva, sin flecos que reaparezcan luego (por ejemplo, años después un acreedor olvidado reclamando porque no se le notificó bien). Es la tranquilidad de poner punto final correctamente.

Muchas empresas contratan abogados para constituirse; hacerlo también para liquidarse es igual o más importante, pues se trata de poner el broche legal final a toda una actividad.